Las Legislaciones de la Unión Europea: un ataque sistemático a la clase trabajadora

Paco Fernández

En los últimos años, desde las instituciones de la Unión Europea, se está desarrollando lo que nosotros consideramos un ataque sistemático contra la clase trabajadora, contra el proletariado. En diversos ámbitos se están aprobando disposiciones legislativas contrarias a nuestros intereses de clase y que sólo favorecen al capital.

Debemos considerar como estrechamente vinculadas todas esas medidas legislativas, no analizarlas como si nada tuvieran que ver unas con otras. Eso es vital no sólo al nivel teórico, sino también (e incluso más) en los procesos prácticos de lucha. Porque todas ellas responden a un mismo modelo económico, político y social que trata de imponerse, no sólo en la UE sino a escala mundial: el modelo neoliberal, que garantiza los intereses del gran capital, encarnado fundamentalmente en las multinacionales. Por eso las luchas deben dirigirse contra el sistema en su conjunto.

Debemos considerar también todas esas medidas en el marco de la crisis económica en la que estamos inmersos. Hace ya varios años que los analistas de la izquierda están hablando de esta crisis, estudiando sus causas, desarrollo y consecuencias. ¿Por qué habríamos de pensar que los gobernantes de la UE (y del resto del mundo) no sabían nada de esta crisis, que no sabían que se iba a producir? Frente a lo que los gobernantes nos dicen, era también evidente para ellos, y para el poder económico para el que trabajan, que la crisis se produciría. Y que tendría la enorme magnitud que a diario se comprueba. Por eso llevan varios años preparando sus leyes, preparando el camino (legislativo) para que sus intereses queden asegurados. Eso no significa que haya un “plan” fijado por completo de antemano: sencillamente el capital adopta las medidas que puede, en función de sus intereses, de las posibilidades (condicionadas en no poca medida por las resistencias de los dominados) y de la lógica del sistema.

Las instituciones de la Unión Europea presentan un problema añadido para los ciudadanos: su oscurantismo. La mayoría de los habitantes de la UE no tenemos una idea clara de qué es lo que hacen y deciden esas instituciones, y cómo se toman decisiones que a todos nos afectan. A eso colaboran nuestros gobiernos, pues muchas veces se escudan en las decisiones de la Unión para justificar sus propias políticas: “es que hay que cumplir con lo dictado por la UE”, vienen a decirnos cada vez más. Lo que no nos dicen es que en realidad las grandes decisiones son tomadas por los propios gobiernos, cuando se reúnen, y que son esos gobiernos los que designan a los mandatarios de la Unión. Además, en el Parlamento Europeo (cuyas capacidades siguen siendo limitadas) están representados los mismos partidos que gobiernan en los diversos estados-miembros.

El marco general de la legislación europea es esencial. Se ha intentado que existiera un marco legislativo global nuevo: el Tratado Constitucional. Se dijo a los ciudadanos que la UE tendría por fín una Constitución. Pero, más allá del opaco proceso de elaboración del texto constitucional (un “grupo de notables” sustituyó el habitual mecanismo de Asamblea Constituyente), lo más relevante es que lo que se trataba de aprobar era un inmenso conjunto de medidas, y la mayoría de los ciudadanos ni siquiera lo sabían. El Tratado Constitucional (que era en realidad lo que se proponía) era mucho más que la Constitución. Se trataba de dar un nuevo respaldo a lo que habían sido años de legislaciones que la mayoría desconocía (hasta que las padecía), para poder impulsar los nuevos ataques contra esa mayoría. La resistencia de muchos (en Francia y Holanda sobre todo) y la “instintiva intuición” de que algo extraño se escondía tras tanto ocultismo, llevó al fracaso el intento del poder. Han tratado de rehacerlo de nuevo con el Tratado de Lisboa. La negativa del referendum irlandés lo pone en entredicho, pero en otros estados se está aprobando casi a espaldas de los ciudadanos, que desconocen su verdadero contenido.

Junto a ese marco general, cuya máxima expresión es el referido Tratado de Lisboa, debemos considerar otros procesos que la legislación comunitaria permite y fomenta ya desde hace tiempo. En especial:

· Las denominadas “deslocalizaciones” industriales, tanto en el interior de la UE como de países comunitarios a otros extra-comunitarios. Argumentando siempre lo mismo en el fondo (que nada pueden hacer, lo cual es falso), se permite (y se incentiva en realidad) que las industrias se marchen a aquellos lugares donde la explotación de la mano de obra es mayor.

· Las privatizaciones de todas las empresas “productivas” (industriales y energéticas) que eran de titularidad pública. En muchos países este proceso, que arrancó hace muchos años, está prácticamente terminado. Donde aún no, sigue en marcha, como tendencia propia del neoliberalismo.

· La reestructuración de las políticas agrarias (englobadas en la Política Agraria Comunitaria –PAC-). En este sentido, la que fue una de las medidas de integración del mediano y pequeño campesinado (la ralentización de su proletarización), está cambiando por completo. La concentración de la propiedad y el dominio por parte de las multinacionales del sector son las tendencias imperantes. Así como la apertura de las fronteras comerciales, conforme a la lógica globalizadora.

En los últimos tiempos se han lanzado una serie de nuevas medidas que se integran en el proceso de afianzamiento del sistema. Sobre todo son 4 las directivas “clave” (por ser las más relevantes o famosas, y por ser las que más rechazo generan) las que debemos considerar: la directiva Bolkestein sobre los servicios; el Plan Bolonia sobre la Educación Superior (Universitaria); la directiva de “retorno” (la directiva “de la vergüenza”, contra la población inmigrante); y la directiva sobre la jornada laboral (o directiva de las 65 horas).

Es necesario tener presente que las legislaciones europeas no deben ser consideradas sólo por lo que explícitamente señalan. A menudo es más relevante lo que posibilitan, las tendencias que señalan. Aunque se justifican a veces argumentando que cada estado miembro tiene potestades para aplicarlas como considere, en el fondo suponen siempre a la postre una homologación. Terminan “obligando” a todos los estados en su aplicación.

BOLKESTEIN: una “deslocalización” diferente

La directiva Bolkestein intenta desregular por completo la situación de los servicios en el conjunto de la UE. La excusa argumentada es mejorar, en el sector de los servicios, los flujos comerciales entre los diversos estados de la UE, lo que, a su vez, mejoraría la cantidad y la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos. La realidad es bien distinta. Los servicios también representan la mayor parte de la riqueza generada (P.I.B.). Son por tanto un ámbito extraordinariamente importante (y apetecible) para la expansión de las grandes empresas, por lo que su privatización es objetivo de suma importancia. Además, engloban cuestiones que todos los ciudadanos necesitan “forzosamente” (salud, educación,…).

La directiva Bolkestein coincide con la tendencia general que se observa a escala mundial: privatización y mercantilización de todos los servicios. No debemos olvidar que las últimas reuniones de la Organización Mundial del Comercio se han centrado también en el sector servicios. Y con postulados similares a los que promueve Bolkestein.

Para que los beneficios se puedan maximizar, Bolkestein intenta “igualar” por abajo las condiciones de los trabajadores del sector servicios, que son ya la mayoría de la población activa en todos los países, y cuyo número irá creciendo conforme al desarrollo de la economía. Es necesario considerar que son todas las condiciones las que se ven afectadas: salarios, seguridad laboral, horarios,… También se ven afectados los consumidores de los servicios. Y también se eliminan trabas de otros tipos: sociales, medioambientales,… El mecanismo elegido es muy simple: el dumping. Pese a que se nos diga que los artículos más “conflictivos” (que más rechazo social podían generar) han sido “modificados”, las recientes decisiones de los tribunales de justicia europeos demuestran que el mecanismo del dumping está garantizado y opera conforme a los deseos del gran capital. De una forma u otra, la tendencia que marca Bolkestein es clara: primarán a todos los efectos las condiciones del estado en el que se ubique la sede central de la empresa. Eso implica ya o implicará en un futuro inmediato (según las situaciones concretas) que las compañías operen desde los estados en los que las legislaciones sean más favorables a sus intereses económicos. Y, forzosamente, el resto de estados tendrán que rebajar sus legislaciones para poder “competir”. Es una especie de “deslocalización”, pero en lugar de hacerlo con las empresas (no es factible por la propia naturaleza de los servicios), se hará con todas las condiciones vinculadas a la generación y prestación del servicio. Y en primer lugar las condiciones laborales.

Especialmente preocupante es que la directiva Bolkestein apenas es conocida. Sólo cuando fue aprobada, por las movilizaciones que produjo (testimoniales), apareció en los mass-media. Es cierto que todas las organizaciones sindicales combativas (y minoritarias), así como numerosos colectivos sociales y organizaciones políticas de izquierdas, denunciaron este ataque durante el tiempo que duró su tramitación (bastante largo al coincidir con la polémica sobre el Tratado Constitucional). Pero la directiva se ha aprobado y la lucha contra su aplicación ha decaido en gran medida. Ya veremos que ocurre cuando sus efectos se hagan sentir.

Es importante recordar que, si consideramos lo expuesto antes sobre las deslocalizaciones industriales, las privatizaciones y las reformas de la PAC, con Bolkestein se cierra el círculo que engloba a todos los sectores económicos. Es decir, todos los ámbitos de la producción y distribución de bienes y servicios han sido atacados por “nuestros” gobernantes. Lo que significa también que todos los ciudadanos europeos, absolutamente todos (como trabajadores y como consumidores), nos vemos afectados.

PLAN BOLONIA: La privatización de la Universidad

El Plan Bolonia trata, simple y llanamente, de privatizar el sistema universitario. Por diversos caminos pone las universidades en manos de los intereses de las grandes empresas, liquidando la “autonomía” universitaria e introduciendo criterios de rentabilidad económica en todos los ámbitos de la vida universitaria (desde la investigación a los planes de estudio). Además, impedirá que muchos jóvenes proletarios puedan acceder a la Universidad, por la subida de las tasas, la imposibilidad en la práctica de compatibilizar estudios y trabajo, la sustitución de las becas por préstamos y la obligatoriedad de realizar costosos estudios de post-grado (másters,…)

El proceso no es nuevo: es “curioso” que hoy hay más universidades, más facultades y escuelas universitarias. Y sin embargo, cada día es más difícil para los jóvenes acceder a la carrera que desean. Las universidades privadas aumentan. Y la intromisión, el control de las empresas sobre la investigación (y sobre los planes de estudio y, por tanto, la docencia) también. Es un proceso de trasvase de todo el sistema público universitario (costeado durante tanto tiempo por el dinero de todos) a manos privadas. Evidentemente, este servicio es muy suculento y goloso, pues la formación (y sobre todo los títulos) es una herramienta para tratar de sobrevivir en una sociedad ferozmente competitiva.

Las movilizaciones contra el Plan Bolonia han sido y son importantes. No han logrado todavía el grado de coordinación que sería deseable. Pero se han producido importantes luchas en muchos países de la UE. El movimiento estudiantil es especialmente imprevisible, irregular e inestable. Pero ha dado suficientes muestras de combatividad a lo largo de la Historia reciente. Y, aunque no esté suficientemente interrelacionado aún con otras luchas, es muy interesante ver cómo los universitarios de hoy tienen una mayor conciencia de pertenencia a los explotados, a la clase asalariada. Y, pese a lo que nos dicen los ideólogos al servicio del poder, una mayor conciencia de los problemas globales y de cómo enfrentarlos.

La Directiva de la VERGÜENZA: Terrorismo y Esclavitud

La directiva de “retorno” (de expulsión o de “la vergüenza”) es un mecanismo que garantizará una mano de obra barata. Tanto entre los inmigrantes (con papeles o sin ellos) como entre los ciudadanos con ¿plenos derechos? Es un mecanismo de dumping social, de generación de una competencia feroz en el mercado de la fuerza de trabajo. Una competencia entre los propios proletarios. Y en un contexto de crisis global como éste, esa competencia se establecerá por la propia supervivencia.

El hambre y la necesidad, las malas condiciones de vida, generan siempre movimientos migratorios. Que la gente busque una vida mejor es lógico y acorde con nuestra naturaleza. Más aun cuando lo que está en juego muchas veces (cada vez más) es la propia supervivencia. Cuanto más se extiendan los efectos de la explotación capitalista, más migraciones habrá. Tratar de regularlas, de controlarlas, e incluso prohibirlas, aparte de una canallada (pues son los que las prohiben los principales responsables de que esas personas se vean obligadas a migrar) es, sencillamente, imposible. No existe dispositivo que pueda parar a millones de migrantes.

Los gobernantes y el gran capital saben perfectamente que las migraciones no se detendrán. De hecho, cuentan con eso en sus cálculos. ¿Para qué entonces promover la expulsión? No es ese el objetivo real de la directiva. El objetivo real es aterrorizar a la población inmigrante para que sea sumisa a la explotación a la que los someten los capitalistas. Así conseguirán mantenerlos en una situación de semi-esclavitud. Y no sólo a los sin papeles. Porque en muchas ocasiones, seguir teniendo papeles dependerá de tener trabajo. ¿Quién se arriesgará a perder lo que le permite tener los papeles? ¿Quién se arriesgará a convertirse en ilegal o irregular? Y, dado que la UE siempre hace gala de su papel de “valedora de los Derechos Humanos”, ¿quién se arriesgará a ser encarcelado sin juicio hasta 18 meses? ¿Quién quiere experimentar los “Guantánamos” europeos?

Pese a la represión (mayor en unos estados que en otros, pero existente en todos), ya hay luchas establecidas por los sin-papeles. Algunas con éxitos (aunque sean parciales). En esas luchas también hay implicados colectivos de ciudadanos europeos que los apoyan. Esa dinámica es la que debe incrementarse: la solidaridad efectiva.

Pero hay que evitar que las luchas por los derechos de los inmigrantes se aislen del resto de luchas. Sólo hay que ver las múltiples condenas y manifiestos contra la directiva para hacerse una idea del problema: la mayoría rechazan la directiva por cuestiones humanitarias o morales. Se acusa de xenófoba y racista a la UE. Y es cierto. Se emplean argumentos histórico-morales, que Europa envió migrantes a todos los continentes, y que los colonizó. Y que la miseria en que viven africanos, sudamericanos y asiáticos es responsabilidad de los países desarrollados, de la propia UE. Esos argumentos son ciertos y justos pero, si la lucha se queda sólo en ellos, será difícil avanzar en un proceso de lucha unitaria de todos los proletarios (inmigrantes y ciudadanos) contra el sistema. Porque pocas veces se afirma la unidad de clase, la igualdad ante la explotación, de inmigrantes y ciudadanos. Y sólo la comprensión de esa igualdad puede impedir que el poder convierta (como hace a diario) a los inmigrantes en el chivo expiatorio sobre el que focalizar todos los problemas.

Es necesario tener muy claro, y más en un contexto de crisis, que los inmigrantes no son los enemigos de los trabajadores europeos. Es la condición de ilegales, no su presencia, la que abarata los salarios y empeora las condiciones de trabajo de todos. Y todos, trabajadores inmigrantes y trabajadores ciudadanos, somos explotados por los mismos capitalistas. Ellos, la burguesía capitalista, son nuestros verdaderos enemigos. Contra ellos, contra la explotación a la que nos someten a todos, debemos luchar.

65 horas: un regreso al siglo XIX

La directiva sobre las 65 horas es probablemente el mayor ataque contra las conquistas de la clase obrera en el último siglo. Vinculada a las deslocalizaciones y a Bolkestein, obligará a su implementación en todos los rincones de la UE y en todas sus empresas, también a través de un sencillo mecanismo de dumping social: si no lo aceptas, me llevo la empresa a otro sitio. Además, destroza los mecanismos de negociación colectiva, introduciendo el individualismo puro y duro en las relaciones entre patrono y asalariado.

El rechazo a esta normativa, aunque sólo sea por simple instinto de supervivencia, es evidente en todas partes. Pero la comprensión de lo que realmente supone, de los efectos que su simple aprobación puede desencadenar, son tan desconocidos e ignorados como los de la directiva Bolkestein.

En esta directiva podemos comprobar perfectamente cómo opera la UE. Es una modificación de una directiva que ya ha sufrido varias modificaciones previas, que marcaban ya la tendencia al aumento de la jornada y a la individualización de las relaciones laborales. Deja en principio abiertas las principales cuestiones, para que sean los estados miembros los que “decidan”. De una forma que sólo puede ser calificada como hipócrita argumenta que se hace para garantizar la salud laboral de los trabajadores y la conciliación de la vida familiar y laboral. Incluso, en el colmo del cinismo, dice que los trabajadores podrán aceptar los aumentos de jornada “voluntariamente” y que ninguna medida represiva podrá tomarse contra ellos si no lo hacen.

Todos los trabajadores sabemos que la precariedad existente nos obligará a aceptar las condiciones que los patronos nos imponen. Sabemos que la amenaza del despido y el paro nos obligará a decir que sí a los aumentos de jornada. Que esa misma precariedad, las rotaciones en las contrataciones, harán que los supuestos límites trimestrales no sirvan para nada. Sabemos que tendremos que sacrificar nuestra vida familiar y social porque sin trabajo poca vida tendremos. Sabemos que el incremento de las horas trabajadas incrementará también los accidentes laborales. Y sabemos que, al poder negociar los patronos con cada trabajador de forma individual, las pocas garantías que la negociación colectiva nos ofrecía se acabarán, y que la solidaridad entre nosotros será reventada.

Si esta directiva es aprobada finalmente, ya no hará falta estudiar en los libros de historia las esclavistas jornadas de 12 horas o más. Las padeceremos nosotros todos los días. Nuestro trabajo producirá más porque a los empresarios les saldrá más barata la mano de obra, porque lo que se producirá en la práctica será una reducción salarial. Eso aumentará a su vez el paro, al ser necesarios menos trabajadores. Y cuanto más paro haya, más se extenderá la precariedad y la explotación, pues tendremos que competir entre nosotros por menos puestos de trabajo

Unir las luchas y pasar a la ofensiva: nos jugamos nuestra supervivencia

¿Soportaremos esto? ¿Quién está seguro de salvarse? ¿Para que han servido más de cien años de luchas de los obreros por la mejora de las condiciones de trabajo, de nuestras condiciones de trabajo y de vida?

Creemos que es necesario combatir todos estos ataques. Y que es necesario que los combatamos todos a la vez. Si todos persiguen lo mismo, que el capital nos explote más a los trabajadores, nosotros tenemos que unirnos frente al capital.

No podemos sólo rechazar las medidas. Aunque logremos que se anulen, vendrán otras. Tenemos que proponer nuestras propias alternativas. Lo que nosotros queramos. Las luchas están ya ahí: el reparto del trabajo y la riqueza, las 35 horas; la defensa de los servicios públicos de calidad, la lucha por lo público y contra las privatizaciones; las garantías de que podremos de verdad compaginar nuestra vida laboral y familiar, de que tendremos unas condiciones de trabajo dignas y seguras; la igualdad de derechos para todos, sin distinciones ni dependencias de miserables papeles. Todo eso debe convertirse en nuestro programa conjunto de luchas inmediatas.

Las alternativas son necesarias. Y sólo la lucha de los trabajadores, de todos los trabajadores, puede lograr que las conquistemos. Esa lucha no será sólo un día, una movilización o una huelga. Será un proceso en el que todas las demandas y todos los colectivos vayamos confluyendo. Será un proceso de huelga de masas. En ese proceso también tendremos que comprender que las conquistas,, aunque se produzcan, no serán permanentes bajo el capitalismo. Por eso hoy vivimos un auténtico retroceso en nuestras condiciones de trabajo y de vida. Tenemos que comprender que la plena realización de nuestras alternativas requiere ir más allá del capitalismo, hacia una sociedad socialista y verdaderamente democrática.